Cristian Javier Miranda Vargas, un albañil de Río Gallegos, fue condenado ayer por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia a cuatro años de prisión efectiva por ser considerado coautor responsable del delito de transporte de estupefacientes. La carga que Miranda Vargas esperaba había sido interceptada el 4 de septiembre de 2014 en un camión del Correo Argentino en Comodoro y cuando él la fue a buscar cuatro días después en Santa Cruz, quedó detenido.(El Patagonico)
 
Se trata de un albañil de Río Gallegos que fue condenado por los jueces María Cabrera de Monella, Enrique Guanziroli y Jorge Eduardo Cháves por transportar nueve paquetes de marihuana en una encomienda desde Mar del Plata a la capital de Santa Cruz.
El caso se inició en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia el 4 de septiembre de 2014 cuando a las 7:30 en la sucursal del Correo Argentino de Comodoro, en un operativo conjunto, el SENASA, AFIP-DGA y Policía Federal controlaron la carga de un camión del correo procedente de Buenos Aires, escaneando las sacas transportadas.
En ese procedimiento detectaron que una de ellas poseía material orgánico, por lo que se separó la pieza postal consistente en una caja de cartón forrada con papel madera en la que figuraba como remitente “Alfredo Laserna” (con dirección en Curie 4632, 7600, Mar del Plata) y como destinatario “Cristian Miranda” (Poste Restante 9500, Río Gallegos, Santa Cruz).
Cuando el personal del SENASA abrió la caja encontraron 7.477,14 gramos de marihuana distribuidos en 9 paquetes, con los que se podían hacer 14.954 “porros”.
A partir de entonces intervino la Justicia Federal. La encomienda había sido despachada el 1 de septiembre de 2014 en la sucursal de Correo Argentino de Mar del Plata por una persona que no pudo ser identificada y que declaró que en su interior contenía repuestos para automotores.
CAYO SOLO
La investigación judicial condujo a determinar que el destinatario de la encomienda era Miranda Vargas, domiciliado en Río Gallegos, quien el 8 de septiembre del 2014, a las 10:30 se presentó en la oficina de Correo Argentino de esa localidad a retirar la encomienda interceptada, solicitándola por su lugar de procedencia y número de guía.
Según estableció el Tribunal, el acusado eligió un transporte público para hacerse del estupefaciente, pero su acción se vio interceptada por los funcionarios del SENASA que practicaban un control rutinario en Comodoro que detectaron una anormalidad, provocándose a partir de ello la intervención de la justicia federal, que dispuso las medidas posteriores que permitieron su detención.
"Mover esa carga de más de 7 kilogramos de marihuana por el extenso territorio argentino, a sabiendas de su naturaleza prohibida y con voluntad de hacerlo, es la acción típica que describe la ley cuando reprime el transporte de estupefacientes en el art. 5 inc. C de la Ley 23.737” sostuvo la presidenta del Tribunal, Cabrera de Monella. Los 9 ladrillos estaban envueltos en nylon y cinta de embalar, lo que obstaculizaba la circulación del aroma particular de la sustancia.
Incluso “el contenido fue, de modo mendaz, declarado como un repuesto automotor, objeto que podría tener el mismo peso y tamaño de lo embalado, todo ello para ser trasladado sin ser descubierto, pero que –como se dijo- un procedimiento preventivo con otros fines, que no era buscar y detectar droga, sino otro tipo de productos, lo impidió”.
Para el Tribunal, “la droga fue movilizada desde la ciudad de Mar del Plata, donde el vendedor la tenía –ya que en esta actividad no se presume la gratuidad de semejante cantidad de tóxico-, y transportada por un tercero ajeno, ignorante de su especial contenido –Correo Argentino-, hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia donde fue descubierta, para luego continuar viaje a la ciudad de Río Gallegos donde estaba previsto que fuera retirada por el destinatario en la oficina local de esa empresa”.
Miranda Vargas declaró que no sabía del contenido de la encomienda, y que un vecino le pidió: ¿“podrás retirar una encomienda porque tengo que viajar? Te pago la changa 300 pesos cuando regrese”, y este aceptó porque no tenía trabajo. La declaración en ese sentido para los jueces no fue verosímil. La persona a la que acusó tres años después fue llevada al juicio y negó haber realizado dicho encargo, agregando que a Miranda Vargas no lo veía desde hacía muchos años y desconocía incluso a qué se dedicaba.
 
“Entonces pretender que se le crea que sólo hizo un favor a un conocido por unos pesos, sin saber qué implicancias envolvía ese gesto, no resulta aceptable para contrarrestar el plexo probatorio referenciado” dijeron desde el TOF en la sentencia.

Cristian Javier Miranda Vargas, un albañil de Río Gallegos, fue condenado ayer por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia a cuatro años de prisión efectiva por ser considerado coautor responsable del delito de transporte de estupefacientes. La carga que Miranda Vargas esperaba había sido interceptada el 4 de septiembre de 2014 en un camión del Correo Argentino en Comodoro y cuando él la fue a buscar cuatro días después en Santa Cruz, quedó detenido.(El Patagonico)
 
Se trata de un albañil de Río Gallegos que fue condenado por los jueces María Cabrera de Monella, Enrique Guanziroli y Jorge Eduardo Cháves por transportar nueve paquetes de marihuana en una encomienda desde Mar del Plata a la capital de Santa Cruz.
El caso se inició en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia el 4 de septiembre de 2014 cuando a las 7:30 en la sucursal del Correo Argentino de Comodoro, en un operativo conjunto, el SENASA, AFIP-DGA y Policía Federal controlaron la carga de un camión del correo procedente de Buenos Aires, escaneando las sacas transportadas.
En ese procedimiento detectaron que una de ellas poseía material orgánico, por lo que se separó la pieza postal consistente en una caja de cartón forrada con papel madera en la que figuraba como remitente “Alfredo Laserna” (con dirección en Curie 4632, 7600, Mar del Plata) y como destinatario “Cristian Miranda” (Poste Restante 9500, Río Gallegos, Santa Cruz).
Cuando el personal del SENASA abrió la caja encontraron 7.477,14 gramos de marihuana distribuidos en 9 paquetes, con los que se podían hacer 14.954 “porros”.
A partir de entonces intervino la Justicia Federal. La encomienda había sido despachada el 1 de septiembre de 2014 en la sucursal de Correo Argentino de Mar del Plata por una persona que no pudo ser identificada y que declaró que en su interior contenía repuestos para automotores.
CAYO SOLO
La investigación judicial condujo a determinar que el destinatario de la encomienda era Miranda Vargas, domiciliado en Río Gallegos, quien el 8 de septiembre del 2014, a las 10:30 se presentó en la oficina de Correo Argentino de esa localidad a retirar la encomienda interceptada, solicitándola por su lugar de procedencia y número de guía.
Según estableció el Tribunal, el acusado eligió un transporte público para hacerse del estupefaciente, pero su acción se vio interceptada por los funcionarios del SENASA que practicaban un control rutinario en Comodoro que detectaron una anormalidad, provocándose a partir de ello la intervención de la justicia federal, que dispuso las medidas posteriores que permitieron su detención.
"Mover esa carga de más de 7 kilogramos de marihuana por el extenso territorio argentino, a sabiendas de su naturaleza prohibida y con voluntad de hacerlo, es la acción típica que describe la ley cuando reprime el transporte de estupefacientes en el art. 5 inc. C de la Ley 23.737” sostuvo la presidenta del Tribunal, Cabrera de Monella. Los 9 ladrillos estaban envueltos en nylon y cinta de embalar, lo que obstaculizaba la circulación del aroma particular de la sustancia.
Incluso “el contenido fue, de modo mendaz, declarado como un repuesto automotor, objeto que podría tener el mismo peso y tamaño de lo embalado, todo ello para ser trasladado sin ser descubierto, pero que –como se dijo- un procedimiento preventivo con otros fines, que no era buscar y detectar droga, sino otro tipo de productos, lo impidió”.
Para el Tribunal, “la droga fue movilizada desde la ciudad de Mar del Plata, donde el vendedor la tenía –ya que en esta actividad no se presume la gratuidad de semejante cantidad de tóxico-, y transportada por un tercero ajeno, ignorante de su especial contenido –Correo Argentino-, hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia donde fue descubierta, para luego continuar viaje a la ciudad de Río Gallegos donde estaba previsto que fuera retirada por el destinatario en la oficina local de esa empresa”.
Miranda Vargas declaró que no sabía del contenido de la encomienda, y que un vecino le pidió: ¿“podrás retirar una encomienda porque tengo que viajar? Te pago la changa 300 pesos cuando regrese”, y este aceptó porque no tenía trabajo. La declaración en ese sentido para los jueces no fue verosímil. La persona a la que acusó tres años después fue llevada al juicio y negó haber realizado dicho encargo, agregando que a Miranda Vargas no lo veía desde hacía muchos años y desconocía incluso a qué se dedicaba.
 
“Entonces pretender que se le crea que sólo hizo un favor a un conocido por unos pesos, sin saber qué implicancias envolvía ese gesto, no resulta aceptable para contrarrestar el plexo probatorio referenciado” dijeron desde el TOF en la sentencia.

Lo dijo Jesús Candia, acusado de ejecutar a Pablo Soto y a Arturo Sánchez. Hoy se conocerá el fallo.(lmneuquen)
 
 “Lo único que recuerdo es que miré hacia la casa de mi madre, iba llorando, nunca pensé en cometer una locura así”, fueron las primeras palabras que Jesús Candia, de delgada contextura física y mirada perdida, pronunció con voz firme ante los jueces y familiares de las víctimas a quienes está acusado de asesinar a sangre fría.
 
Tan sólo 30 segundos se demoró en ejecutar a Pablo Soto y Arturo Sánchez la tarde del 13 de mayo, con una escopeta táctica 12.70.
 

José Prono, a quien también le disparó en la vivienda del barrio Centenario y creyó muerto, se convirtió luego en el único testigo presencial y sobreviviente de aquella cacería.
“Lo mío era vivir dignamente como cualquier persona, reconozco que no fue la forma adecuada de hacer esto, pero me sentí muy aprisionado, no lo pude dominar mental ni físicamente”, declaró ayer Candia, en la audiencia de alegatos de cierre.
En cuanto al incidente de la bomba molotov que cayó en su casa -vinculado al robo de una soldadora-, el acusado indicó: “Fue algo que me shockeó, sentía un temor muy profundo, día y noche”.
“Nadie es digno de sacarle la vida a nadie, pero cuando se trata de un hijo creo que hay que ponerse en el lugar de uno”, se excusó.
“Aún no entiendo por qué lo hice. Sé que el motivo fue mi familia, pero no pensé llegar a tanto, fue un momento de locura”, sintetizó Candia sobre aquel día, en el que incluso recorrió la casa donde estaban las víctimas para comprobar que no quedaba nadie.
Por su parte, el defensor Ricardo Mendaña alegó que previo a agarrar el arma de fuego, su defendido habló con personal del hospital, con la Defensoría de los Derechos del Niño y con la Justicia penal para buscar una solución.
“Lo que ocurrió el día que le tiraron una molotov a su casa y provocaron un incendio es una situación límite, y eso provoca pánico, y el pánico es incontrolable”, argumentó el defensor sobre el episodio, ocurrido meses antes.
“Esa es la fuente de esta situación de estrés postraumática”, explicó Mendaña, y solicitó la absolución de Candia.
El fiscal Santiago Terán, firme en su acusación, recordó una frase del acusado: “Maté a tres, me faltan cinco”.
Al respecto, el fiscal manifestó que Candia iba a seguir matando, que los psicólogos concluyeron que entendía las consecuencias de sus actos y cerró solicitando que lo declaren culpable.
Los hermanos de Pablo Soto, una de las víctimas, reclaman justicia
 
“Usted, que le ha quitado la vida a nuestro hermano Pablo Soto con tanta maldad”, comienza la carta dirigida a Candia, y la oración se completa con la pregunta que aún sigue latente para los familiares: “¿Por qué lo hizo?”. Previo a que el acusado declarara, ellos encuentran una explicación en la envidia y la obsesión por la vida de soltero que llevaba Pablo. “Se comprobó que su insomnio y alcoholismo crónico lo tiene del 2012, por problemas familiares. Pablo fue su víctima. Planeó la masacre y salió a cazarlo. Destruyó a nuestra familia, 17 días después falleció nuestro padre por un ACV”, concluye la carta.

Lo dijo Jesús Candia, acusado de ejecutar a Pablo Soto y a Arturo Sánchez. Hoy se conocerá el fallo.(lmneuquen)
 
 “Lo único que recuerdo es que miré hacia la casa de mi madre, iba llorando, nunca pensé en cometer una locura así”, fueron las primeras palabras que Jesús Candia, de delgada contextura física y mirada perdida, pronunció con voz firme ante los jueces y familiares de las víctimas a quienes está acusado de asesinar a sangre fría.
 
Tan sólo 30 segundos se demoró en ejecutar a Pablo Soto y Arturo Sánchez la tarde del 13 de mayo, con una escopeta táctica 12.70.
 

José Prono, a quien también le disparó en la vivienda del barrio Centenario y creyó muerto, se convirtió luego en el único testigo presencial y sobreviviente de aquella cacería.
“Lo mío era vivir dignamente como cualquier persona, reconozco que no fue la forma adecuada de hacer esto, pero me sentí muy aprisionado, no lo pude dominar mental ni físicamente”, declaró ayer Candia, en la audiencia de alegatos de cierre.
En cuanto al incidente de la bomba molotov que cayó en su casa -vinculado al robo de una soldadora-, el acusado indicó: “Fue algo que me shockeó, sentía un temor muy profundo, día y noche”.
“Nadie es digno de sacarle la vida a nadie, pero cuando se trata de un hijo creo que hay que ponerse en el lugar de uno”, se excusó.
“Aún no entiendo por qué lo hice. Sé que el motivo fue mi familia, pero no pensé llegar a tanto, fue un momento de locura”, sintetizó Candia sobre aquel día, en el que incluso recorrió la casa donde estaban las víctimas para comprobar que no quedaba nadie.
Por su parte, el defensor Ricardo Mendaña alegó que previo a agarrar el arma de fuego, su defendido habló con personal del hospital, con la Defensoría de los Derechos del Niño y con la Justicia penal para buscar una solución.
“Lo que ocurrió el día que le tiraron una molotov a su casa y provocaron un incendio es una situación límite, y eso provoca pánico, y el pánico es incontrolable”, argumentó el defensor sobre el episodio, ocurrido meses antes.
“Esa es la fuente de esta situación de estrés postraumática”, explicó Mendaña, y solicitó la absolución de Candia.
El fiscal Santiago Terán, firme en su acusación, recordó una frase del acusado: “Maté a tres, me faltan cinco”.
Al respecto, el fiscal manifestó que Candia iba a seguir matando, que los psicólogos concluyeron que entendía las consecuencias de sus actos y cerró solicitando que lo declaren culpable.
Los hermanos de Pablo Soto, una de las víctimas, reclaman justicia
 
“Usted, que le ha quitado la vida a nuestro hermano Pablo Soto con tanta maldad”, comienza la carta dirigida a Candia, y la oración se completa con la pregunta que aún sigue latente para los familiares: “¿Por qué lo hizo?”. Previo a que el acusado declarara, ellos encuentran una explicación en la envidia y la obsesión por la vida de soltero que llevaba Pablo. “Se comprobó que su insomnio y alcoholismo crónico lo tiene del 2012, por problemas familiares. Pablo fue su víctima. Planeó la masacre y salió a cazarlo. Destruyó a nuestra familia, 17 días después falleció nuestro padre por un ACV”, concluye la carta.

Un hombre degollado fue encontrado esta mañana al interior de un vehículo azul Hyundai, patente CCXJ-57. Personal policial se encuentra constituido en el sector de la ruta 9 Sur, en el cruce al camino al vertedero, donde se registró el luctuoso hallazgo. (La Prensa Austral) AMPLIAREMOS

Un hombre degollado fue encontrado esta mañana al interior de un vehículo azul Hyundai, patente CCXJ-57. Personal policial se encuentra constituido en el sector de la ruta 9 Sur, en el cruce al camino al vertedero, donde se registró el luctuoso hallazgo. (La Prensa Austral) AMPLIAREMOS

La empresa presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables.(El Pingüino)
 
Sólo en los meses de abril a junio de este año, la multitienda Falabella sufrió pérdidas cercanas a los 50 millones de pesos por los denominados “robos hormiga”.
Ante esta situación, la representación legal de la empresa decidió interponer una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los delitos de hurto.
Por tanto, la acción judicial presentada la semana pasada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, pide que el Ministerio Público realice las diligencias a través de la Policía de Investigaciones para determinar a los responsables.
En la acción judicial se señala que Falabella Retail S.A. es una empresa dedicada a la venta por departamento multinacional, ofreciendo al público diversos productos, ya sea electrohogar, tecnología, menaje, vestuario, calzado y otros, con presencia en varios países de América y a lo largo de todo el país.
Durante los meses de abril a junio del año 2017, a raíz de las diferencias de inventario que se venían detectando en el tiempo y después de un trabajo de auditoría interna, se ha logrado establecer que estas diferencias obedecen a hurtos generados por terceros.
Ante esto, se señala en la querella que se ha acreditado durante la investigación interna, que terceros habían procedido a apropiarse de los bienes individualizados, generando las diferencias de inventario en cuestión, que se encuentran contabilizadas durante los meses de abril a junio del año 2017.
 
De la mencionada auditoría se ha podido establecer que durante los meses de abril a junio del año 2017 el valor de las especies hurtadas asciende a un total de $49.515.121, monto que incluye los valores hurtados de la sucursal Falabella Punta Arenas pertenecientes a la misma comuna, productos que corresponden a secciones de hombres, rincón juvenil, deportes, damas, ropa interior, calzado, niños, perfumería, dormitorio y decoración, entre otros.

La mujer era cabo segundo en Puerto Madryn. No cedió a las insinuaciones de su jefe y denunció acoso sexual y hostigamiento en la Delegación. La presión fue tanta que perdió un embarazo por un aborto espontáneo. Terminó despedida de la fuerza pero ahora la resarcirán con más de 165 mil pesos.(Diario Jornada)
 
 
La Prefectura Naval Argentina deberá pagarle 165 mil pesos por daños y perjuicios a una mujer que sufrió persecución, acoso y hostigamiento laboral durante su paso por la Delegación Puerto Madryn de la fuerza. Se trata de una cabo segundo que soportó varias insinuaciones sexuales de un superior. Prefectura reaccionó: la despidió por haber denunciado la situación. La sentencia la firmó el juez federal de Rawson, Hugo Sastre.

A.E.B. comenzó en la Prefectura en 2001 como marinero de primera. En 2002 ascendió a cabo segundo. La destinaron a Madryn desde 2003 y hasta 2006, con funciones administrativas y operativas.

El 9 de setiembre de 2005, prestando servicios en la Delegación, comenzó a recibir mensajes de texto en su celular. Eran de su superior, C.F.C. Le proponía “salir fuera del horario de trabajo y comenzar una relación amorosa”. Ante su negativa le advirtió que “tendría una dura vida en la fuerza”.

La situación fue advertida por el prefecto principal, quien le aseguró a la mujer que su jefe no la molestaría más: no trabajarían en los mismos horarios ni en el mismo lugar. Pero en diciembre de 2005 C.F.C. acondicionó una oficina contigua a la suya, “logrando un control más cercano a su persona”.

En la temporada de verano 2005/6 la acosó de manera continua. Los demás oficiales que pertenecían a la misma jerárquica también comenzaron a hostigarla.

Sastre definió a la situación como “mobbing descendente”: un individuo en situación de poder acosa a un subordinado. Los episodios duraron hasta febrero de 2006, cuando pidió licencia médica. A.E.B. padeció una “grave lesión moral” que incluso la llevo a perder un embarazo por aborto espontáneo. Y debió ampliar su demanda notificando al Juzgado que Prefectura había dispuesto su cesantía.

Un testigo reconoció haber leído a fines de 2005 un mensaje de texto “muy obsceno” al celular de la mujer, que ese día rompió en llanto y se retiró a su domicilio con autorización. Ese mismo año otro testigo supo lo que sucedía cuando la mujer y su esposo se lo contaron. Corroboró que el mensaje de texta provenía de C.F.C.

Según la pericia psicológica, “esta vivencia traumática determinó durante un lapso de tiempo de aproximadamente tres años la aparición y persistencia de signo-sintomatología ansiosa, trastornos en el sueño, manifestaciones somáticas, pérdida de interés generalizado, desgano y sentimientos de minusvalía”.

La víctima quedó tan afectada que a la fecha del informe, setiembre de 2011, seguía con “manifestaciones ansiosas y angustiantes asociadas a esa vivencia traumática”.

Una médica la atendió en 2006 “a causa de sintomatología asociada a la situación que estaba viviendo en su trabajo”. Se sumó el informe de una psiquiatra que detectó “un cuadro de angustia, llanto, tristeza, insomnio, despertares nocturnos con síntomas de pánico, sudoración, taquicardia, falta de aire, miedo, pesadillas, períodos de bulimia, irritabilidad, pérdida de memoria y concentración”.

Esto generaba “imposibilidad de realizar las tareas habituales e impulsividad en momentos de angustia”.

Le indicó licencia laboral de enero a junio de 2006. Debió suspender el amamantamiento de su último hijo para comenzar la administración de psicofármacos.

Sastre consideró que hubo acoso, hostigamiento y persecución. Sumó a las evidencias la reunión de la pareja afectada con el jefe de la fuerza, las sucesivas licencias y que A.E.B. nunca había tenido síntomas así. “Se tiene por acreditada la situación y sus efectos negativos, al punto de requerir tratamiento y no poder seguir su actividad”, puntualiza la sentencia.

Prefectura no adoptó los medios necesarios para impedir esa situación, “conducta desaprensiva que también compromete su responsabilidad”. No cuidó a su empleada pese a que el prefecto principal conocía el hecho.

“Su prestigio se ve afectado por el accionar de los superiores quienes debían y deben obligatoriamente actuar con objetividad, imparcialidad u celeridad para que ningún miembro de la fuerza sufra los efectos negativos de una conducta como la que se analiza”.

“El prestigio se logra con actos y conductas irreprochables –explica la decisión-, más aún cuando la víctima es una mujer, puesto que la cuestión de género no es un hecho menor máxime en el contexto de una fuerza de seguridad con una estructura verticalista”. Para el magistrado, “medió una conmoción espiritual con efectos negativos, una verdadera lesión en los sentimientos y en la tranquilidad anímica, que superaron las meras incomodidades”.

Prefectura recién se preocupó en abril de 2006, cuando inició un sumario interno. Sancionó a la mujer perseguida con 45 días de arresto por “formular denuncia contra un superior afectando el prestigio de la institución”.

Un hombre murió este sábado al ser atropellado por el Tren Patagónico cuando hacía el trayecto Viedma - Bariloche en Río Negro. El hecho ocurrió a unos 2 kilómetros al este de Maquinchao y el fallecido iba caminando por las vías, el conductor intentó reducir la velocidad y tocó la bocina sin lograr evitar atropellarlo. La formación estuvo casi siete horas parada mientras se realizaban las tareas policiales.(El Patagonico)
 
El tren partió este viernes a las 18 desde la capital rionegrina para llegar a Bariloche alrededor de las 10:30 de este sábado. Al llegar a Los Menucos, la formación ferroviaria integrada por una locomotora y siete vagones, registraba casi 2 horas de retraso.
En esta localidad subió una gran cantidad de personas que viajaban a Jacobacci a disputar un torneo de fútbol.
Según informaron fuentes policiales, luego de recorrer unos 72 kilómetros, a la salida de un sector donde el tendido férreo hace una curva, el conductor de la locomotora advirtió que había una persona caminando por las vías.
A pesar de realizar una rápida maniobra para mermar la velocidad y hacer sonar insistentemente la bocina, el conductor del tren no pudo evitar embestir a la persona.
Minutos después del accidente, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios y de la Unidad 25 de Policía se hicieron presentes en el lugar para iniciar los primeros trabajos en el marco de una investigación judicial.
Alrededor del mediodía se esperaba la llegada de Personal de Criminalística, para dar continuidad a la investigación y tratar de establecer las causas del accidente.
 
La formación permaneció parada en el lugar a la espera de ser liberada por la orden del Juez que investiga el hecho. 

El hecho se registro en conocido boliche bailable. (La Opinion Austral)
 
Cerca de las 6 de la mañana del domingo, dos jóvenes de 16 y 19 años fueron demorados por personal de la Seccional Segunda por agredirlos con piedras en cercanías de un conocido local nocturno de nuestra ciudad capital.
El hecho se registró en cercanías al boliche ubicado en la calle Magallanes al 800 de nuestra ciudad, mientras efectivos de la Comisaría Segunda y del Comando Radioeléctrico se encontraban vigilando la salida de los jóvenes que habían asistido a divertirse en el local bailable.
En circunstancias que se intentan esclarecer, un grupo de chicos comenzó a agredir con piedras a los patrulleros que se encontraban en la zona. Fue en estos momentos que los agentes, de a pie, comenzaron a seguir a los jóvenes vándalos que se escapaban bajo la lluvia en dirección a la zona céntrica.
Aunque algunos pudieron escapar, la Policía pudo interceptar a dos de ellos, uno de 16 años y otro de 19. Al notar que uno de ellos era menor, no se lo esposó, pero fue a parar, al igual que el otro joven, a la Seccional Segunda.
Fuentes policiales indicaron a este medio que ambos se encontraban en evidente estado alcohólico y fueron examinados por el médico policial.
Momentos después de identificar a los muchachos y tras constatar que no tenían heridas, los agentes dieron aviso a los progenitores del menor para su retiro, previa resolución del Juzgado del Menor de nuestra ciudad.
Respecto al joven de 19 años, cumplidos los plazos legales recuperó su libertad, estableciendo domicilio previamente.
 
Por su parte, los efectivos que participaron del hecho también fueron examinados por el profesional de la salud, quien constató que sólo uno de ellos presentó un golpe en uno de sus brazos, al ser alcanzado por una piedra. 

En enero de 2016, junto a otro cómplice, perpetró un robo con violencia en un almacén de población El Pingüino.(La Prensa Austral)
 
Eludió la acción de la justicia por alrededor de un año, ocultándose todo este tiempo en la zona rural y urbana de la ciudad, hasta que este domingo, alrededor del mediodía, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (Sip) de Carabineros lo capturó en Avenida Independencia, en Punta Arenas, procedimiento en que el personal aprehensor debió redoblar sus esfuerzos luego de que el sujeto intentara escapar por el bandejón central.
Se trata de Luis Andrés Marín Becerra, de 33 años, quien hoy será puesto a disposición del Juzgado de Garantía para que responda por las tres órdenes de detención que mantenía vigentes hasta la fecha.
Según la versión oficial de Carabineros, tenía encargos pendientes por los delitos de robo con violencia (asalto), lesiones y hurto, además de su amplio prontuario policial.
El episodio delictual de mayor connotación pública lo protagonizó Marín Becerra a comienzos de enero de 2016, cuando junto a otro sujeto ingresó a un local de abarrotes de calle Bahía Decepción, población El Pingüino, desde donde sustrajeron la suma de 200 mil pesos en dinero efectivo desde una caja registradora, tras lo cual procedió a fracturar la nariz al propietario.
Ya en ese entonces, dicho delincuente se encontraba en situación de rebeldía al no presentarse a las audiencias ante el Juzgado de Garantía.
Otro de los casos requeridos, dice relación con la golpiza que le propinó a su pareja a la que también amenazó de muerte, la cual durante todo este tiempo vivía siendo objeto de hostigamiento por parte de este malhechor.
 
Si bien Luis Marín Becerra es nacido en Valdivia, pero gran parte de su existencia la vivió en Argentina. En la ciudad de Neuquén, el año 2003, fue vinculado a un asesinato, sin embargo la justicia no logró probar su culpabilidad, siendo absuelto.

Tras perseguirlo, en la céntrica calle José Nogueira atrapó al sujeto que le había sustraído sus pertenencias, quien llevaba puesta la mochila, siendo entregado minutos más tarde a Carabineros. (El Pingüino)
 
Un episodio poco frecuente fue el que presenciaron los transeúntes que durante la jornada de ayer circulaban por el centro de Punta Arenas, al darse cuenta de que en calle José Nogueira un sujeto se encontraba detenido por un tercero.
A esa hora una copiosa lluvia caía sobre la capital regional, ingresando un llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros, donde un hombre daba cuenta de que mantenía detenido a un sujeto, que momentos antes le había robado su mochila, solicitando la presencia de inmediato de una patrulla para que tomaran detenido al victimario.
Rápidamente, los funcionarios de la Central de Comunicaciones de Carabineros se contactaron con una patrulla, la cual fue enviada de inmediato a la intersección de las calles José Nogueira con Errázuriz, procediendo además a respaldar la vigilancia, mientras el carro policial se trasladaba al lugar, con una cámara de seguridad, la cual la mantuvieron fija para mantener vigilado al malhechor y a la persona que lo mantenía detenido.
A los pocos minutos llegó el carro policial, cuyos funcionarios hablaron con el afectado, quien mantenía reducido en el suelo al ladrón.
Personal policial procedió a poner de pie al sujeto, para luego sacarle la mochila, la que de acuerdo con lo manifestado por la víctima era de su propiedad, y trasladarlo hasta el hospital a constatar lesiones y luego hasta la comisaría donde fue puesto a disposición de la justicia.
 
Por su parte, la víctima presentó la denuncia formal, señalando que al momento de ocurrir los hechos, él se encontraba en un restaurant, cuando fue al baño, el individuo le sustrajo la mochila, huyendo del lugar, siendo seguido por el afectado quien logró detenerlo.