El miércoles serán los alegatos en el juicio a dirigentes de ATE por estafa con viviendas IPV
El juicio oral y público contra el secretario General Carlos Córdoba y Miguel Arana, imputados por 22 hechos relacionados con supuestas maniobras defraudatorias vinculadas al programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo; tuvo el viernes la última ronda de testimoniales.
A lo largo de la semana declararon 24 personas, entre ellas el ex presidente del IPV, Gustavo Vázquez, quien confirmó ante el Tribunal que los imputados realizaban gestiones vinculadas a la entrega de viviendas para personas que no cumplían los requisitos del filtro que hacía el ente habitacional a las propuestas de la entidad sindical.
También brindó testimonio la directora del área Social del IPV que confirmó problemas entre los postulantes presentados por ATE. Detectaron siete casos de personas que no eran empleados estatales y que no cumplían con los requisitos exigidos por el Instituto Provincial de Vivienda.
A lo largo de la semana también declararon más de 20 denunciantes que se consideran damnificados por las presuntas maniobras investigadas, en las que señalaron entregaron entregaron dinero en mano a Arana y al ex imputado Belbey quien se quitara la vida meses después de las denuncias. Asimismo a Córdoba lo situaban en reuniones con los damnificados donde planteaba alguna “compensación” a aquellos que pagaron y no accedieron al listado.
En la última jornada del debate, Carlos Córdoba pidió ampliar su declaración indagatoria. Durante su exposición negó las acusaciones en su contra y aseguró que desde ATE “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
El juicio continuará el próximo miércoles desde las 9.30 con los alegatos de las partes; en primer término el fiscal Daniel Curtale y luegos los defensores Maricel Baneas por Córdoba y el defensor oficial Fernández López por Arana. Asimismo el abogado Guillermo Guidi alegará por el imputado Eric Moscoso Panozo quien es juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos de los fondos provenientes de esas defraudaciones con la compra de maquinaria vial.