PTO. DESEADO: La trama oculta detrás de la brutal golpiza de la UOCRA al empresario de la construcción de Santa Cruz Fabio Cattani
Un escrito judicial reveló que el ataque en Puerto Deseado podría tener su origen en una disputa interna por el control de la UOCRA. La defensa del dirigente gremial Franco Moreyra, uno de los acusados, denunció la existencia de documentos laborales falsificados y maniobras para legitimar a Cattani como delegado sindical. Los fiscales provincial y federal fueron convocados a intervenir. (laopinionaustral.com.ar)
El 11 de agosto de 2025, la violencia irrumpió en Puerto Deseado. El contratista Fabio Dante Cattani fue golpeado brutalmente frente a una obra por un grupo de hombres vinculados a la UOCRA local. El ataque dejó a la víctima con graves lesiones en el rostro y el cráneo, y su estado de salud se complicó en los días posteriores.
El hecho provocó indignación en toda la provincia y un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia, que además denunció haber recibido amenazas e intimidaciones.
Con el paso de las semanas, cinco personas fueron detenidas, entre ellas referentes gremiales de la construcción, y la causa avanzó con procesamientos y prisión preventiva por tentativa de homicidio.
Pero mientras la Justicia seguía los pasos del violento episodio, un nuevo documento judicial presentó una versión que podría cambiar el sentido de la investigación.
Una presentación que apunta a la interna gremial
En las últimas horas, el abogado Fabricio Carbone Miele, defensor de Franco Moreyra, dirigente sindical del gremio de la construcción y uno de los procesados por el intento de homicidio, presentó un escrito ante el Juzgado que investiga el caso que sostiene que la agresión a Cattani no fue un ataque espontáneo ni un reclamo sindical legítimo, sino la consecuencia directa de una interna por el control de la seccional de la UOCRA en Puerto Deseado. Además de Moreyra fueron detenidos Carlos Tapia, Oscar “Cachumba” Aranda, Osvaldo “Neri” B. y Fabián Hernández.
Carbone afirmó en su presentación que el hecho “se enmarca en un conflicto gremial preexistente entre distintas facciones que disputaban el control de la representación local”.
Además, denunció la aparición de documentación adulterada que habría sido utilizada para simular una relación laboral inexistente y legitimar falsamente a Cattani como delegado sindical.
Altas, bajas y fichas sindicales bajo sospecha
Según la defensa de Moreyra, de los oficios enviados a la ARCA (ex AFIP) se desprende que Cattani, Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios no figuraban como empleados del empresario Martín Enrique Sandoval el día del hecho.
Para el abogado defensor de Moreira, es Martín Sandoval la personas que figura como empleador de la obra y los empleados serían Cattani, Sepúlveda y Palacios.
“La respuesta fue categórica: ninguno de los Sres. Cattani, Palacios ni Sepúlveda se encontraba registrado en relación de dependencia durante esas fechas”, señala el escrito.
Pese a ello, en la causa se presentaron altas y bajas laborales en papel membretado de la ARCA, que según el abogado “estarían adulteradas ya que estarían reflejando información falsa que no condice con los registros oficiales”.
La maniobra, advierte Carbone, podría constituir falsificación de instrumentos públicos y privados, e incluso una estafa procesal, en tanto habría tenido como fin inducir a error a las autoridades laborales para lograr el reconocimiento gremial de Cattani.