Pagaron un resarcimiento de más de un millón de pesos a su víctima en un acuerdo judicial y siguen detenidos
El increíble episodio se da en el marco de una causa judicial en relación a un hecho de sangre ocurrido en marzo pasado en la ciudad de Río Grande, por el cual las partes acordaron una reparación integral del daño. Los dos imputados pagaron 1 millón 200 mil pesos en una causa por “tentativa de homicidio” pero un juez consideró que el hecho es demasiado grave para resolverse por esa vía.
El hecho tuvo lugar el 26 de marzo pasado ocasión en que un hombre recibió numerosas puñaladas y golpes tras una reunión en una vivienda de calle Beauvoir 62.
Por el hecho inicialmente hubo hasta 8 detenidos, pero finalmente solo fue procesado Elías Javier Sánchez, y luego la Cámara de Apelaciones sumó a ese procesamiento a Juan Ignacio Barría Camargo, deteniéndolo un mes después.
Otras dos personas fueron procesadas pero en libertad por el sangriento hecho en el que la víctima recibió un total de 8 heridas de arma blanca, siendo hallado con el cuchillo clavado en la zona de los hombros.
Un acuerdo pagado y no homologado
La defensa de los imputados, detenidos y procesados, propuso un acuerdo de “reparación integral del daño” que fue coordinado con la fiscalía y tuvo trámite en el juzgado del entonces juez Daniel Cesari Hernández.
Allí los imputados ofrecieron un resarcimiento a la víctima de 1 millón 200 mil pesos, el cual fue aceptado por Romero, en una audiencia única en la que aceptó ese dinero y aseguró no guardar temor alguno respecto de las personas que lo agredieran.
El pago se efectuó y se trasladó entre las partes, pero al momento de homologarlo Cesari ya no estaba más, y subrogó el juez de instrucción Raúl Sahade, encontrándose con esta “sorpresa” en este juzgado.
El juez consideró que el hecho era demasiado grave para dirimirse por esa vía y que debía ir a juicio, no homologando el acuerdo, lo cual fue apelado por el defensor oficial Eduardo Tepedino.
La Cámara de Apelaciones ratificó la decisión de Sahade y rechazó la apelación, e incluso cuestionó el accionar del defensor Tepedino e incluso giró actuaciones al Fiscal Mayor para que investigue el accionar del fiscal interviniente en este acuerdo, el Dr. Jorge López Oribe.
La causa ahora está en manos de la jueza interina María Rosa Santana con un destino incierto, en el cual hay dos imputados detenidos y otros dos procesados, en un dilema jurídico casi bizarro, dado que efectuaron un pago “resarcitorio” a la víctima que no tuvo validez y podrían ir a juicio-.