Se cumple un año de la tragedia aérea en Río Grande que cobró 4 vidas y la Justicia Federal espera los informes técnicos

Al mediodía del 1 de julio del año pasado Río Grande se estremecía con una explosión y una columna de humo que emergía de la zona del aeropuerto de la ciudad, lo que generó una tragedia inimaginable a nivel local.

A pocos metros de despegar del aeropuerto local se precipitó ya sobre terrenos de la Base Aeronaval un lear jet que retornaba a Buenos Aires luego de cumplir con un vuelo sanitario.

Se trataba de la aeronave Lear 35A LV-BPA  en el cual falleció la tripulación de la empresa Flying Argentina, todos oriundos de Buenos Aires.

El siniestro cobró la vida del piloto comercial Claudio Canelo, su segundo al mando Héctor Vittore, Diego Ciolfi el médico y la enfermera Denise Torres García, cuyos familiares hoy son todos partes querellantes en la causa penal que se tramita en el Juzgado Federal de Río Grande.

A menos de un año de la tragedia la jueza federal Mariel Borruto confirmó que “podemos decir que se han producido todas las medidas de prueba, trámites técnicos y testimoniales, necesarias en la causa, y estamos solamente a la espera de las conclusiones de los expertos”.

En este punto interviene la Junta de Seguridad en el Transporte que depende de Nación, que estuvo presente en Río Grande para analizar la aeronave siniestrada y llevarse las piezas necesarias con las que luego cumplirá con su función institucional que es emitir recomendaciones de seguridad para la aviación civil.

El pasado miércoles hubo una tensa reunión virtual con esta Junta por parte de la jueza federal Mariel Borruto e incluso todas las partes que toman participación en la causa; la querella de los familiares de cada uno de los occisos.

Allí se conminó a esta Junta a elevar los informes parciales que se van teniendo de los análisis técnicos realizados hasta el momento que, por trascendidos extraoficiales, ya estarían marcando problemas en el motor izquierdo que es hacia el costado que se vió virar al avión antes de estrellarse.

La Junta más allá de sus conclusiones aún depende de las pericias a realizarse en Estados Unidos de la denominada “caja negra” de la aeronave, que graba todas las instancias del vuelo, así como un dispositivo del motor que testea el funcionamiento del mismo. El resultado del análisis de estos elementos será concluyente a fin de determinar las causas del siniestro, así como eventuales responsabilidades civiles y penales.

Hasta el momento solo pudo confirmarse que la empresa Flying Argentina había cumplido con todos los plazos de mantenimiento al respecto de la aeronave que protagonizó esta terrible tragedia.

Entretanto al día de hoy es la Base Aeronaval de la Armada quien custodia en un depósito los restos de la aeronave caída dentro de su predio.