El Banco Nación fue obligado a suspender el cobro de millonario préstamo a una víctima de una estafa telefónica
En noviembre pasado un vecino de Río Grande sufrió una estafa telefónica por la que le accedieron a su cuenta del Banco Nación y lo estafaron sacándole un plazo fijo, e imputándole un préstamo de 4.600.000 a él y de 230 mil pesos a su esposa.
El hombre de apellido Cilla acudió ante la Justicia Federal reclamando una medida cautelar atento a que el Banco Nación le debita mensualmente más de 300 mil pesos ($342.362,11 exactamente).
En noviembre de 2022 fue víctima de una estafa electrónica simulando una llamada de la empresa FlyBondi para corrección de unos pasajes, coincidiendo casualmente con unos pasajes que había sacado su hijo con su tarjeta asociada.
“Me pidió datos personales míos para ver si era el titular de la tarjeta con el que se había abonado el pasaje. Yo le brinde los datos y concluyó la llamada”, dijo, asegurando recordar no haber dado información de clave alguna.
Con esto los estafadores sacaron un crédito por 4.600.000 pesos de su cuenta del Banco Nación, además retiraron un plazo fijo de 500 mil pesos en 36 transferencias realizadas ese mismo día. Incluso asociaron a su esposa a la que le sacaron un crédito por 230 mil pesos que también fue transferido a otra cuenta.
La jueza federal Mariel Borruto recibió este pedido de medida cautelar de parte del damnificado, asegurando “que la suma debitada al Sr. Cilla podría configurar carácter alimentario”, entendiendo el peligro en la demora de la situación de fondo como es la denuncia que radicó por “estafa” por el millonario perjuicio.
La jueza federal de Río Grande entendió que el daño patrimonial requiere asistencia inmediata dado que el damnificado “cobra sus haberes en el banco Nación y esta entidad le estaría descontando más del 70 % de los haberes”.
Ante ello resolvió “durante 90 días el Banco de la Nación Argentina se abstenga de continuar descontando la suma cuestionada”, aunque en cuando a lo ya debitado no hizo lugar a la devolución reclamada por el particular ante lo incipiente de la investigación.
Vencido el plazo de los 90 días se requerirá al demandante aportar más elementos para sostener la suspensión del cobro del préstamo con que fuera estafado.