PTA. ARENAS: “Operación Pampa” dejó al descubierto actuar de argentino denunciado por abusar y usar a adolescente en el tráfico de drogas

Graves vulneraciones de una adolescente de 17 años fueron las que hoy (8 de mayo) se dieron a conocer durante la audiencia de formalización que la Fiscalía dirigió en contra de tres personas vinculadas a la venta de droga, explotación sexual infantil, violencia y producción de pornografía infantil. (El Magallánico)

Delitos de incitación al abandono de su hogar en contra de una menor, estupro, producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil, facilitación a la prostitución, obtención de servicios sexuales, tráfico de drogas con el agravante de suministrar drogas a una menor de edad, lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, fueron los cargos que, respectivamente, la fiscal Romina Moscoso formuló en contra de los dos ciudadanos extranjeros, y un guardia de seguridad chileno, que fueron aprehendidos en el marco de la “Operación Pampa” que durante más de tres meses fue investigada por la PDI.

Evidencias claras mantiene hasta ahora la Fiscalía en contra del ciudadano argentino de iniciales J.A.R.N., individuo que aprovechó la situación de severa vulnerabilidad que la adolescente de 17 años mantenía, con problemas familiares de alcoholismo y su propio consumo, fueron algunas de las circunstancias que aprovechó el imputado para generar un acercamiento con ella, lo que a la postre generaría el vínculo del cual él se aprovecharía.

De acuerdo a los testimonios recogidos por el Ministerio Público, y dados a conocer en audiencia, en 2019 el transandino aprovechó la amistad que mantenía con el padre de la menor, a quien incluso le pedía que quedara al cuidado de sus hijos cuando salía a trabajar, situación que le permitió ir forjando una sórdida relación, en medio de la cual la adolescente escapó de su casa para vivir a escondidas con J.A.R.N., sujeto que, con el paso del tiempo, además de mantener relaciones sexuales con la menor, comenzó a fotografiarla desnuda para “ofrecerla” a conocidos para servicios sexuales.

Todo esto ocurría mientras el sujeto, junto a los otros dos involucrados, se dedicaban -según la Fiscalía- a la venta y distribución de cocaína, contexto en el cual la menor habría sido utilizada para realizar entregas y su cuenta bancaria era usada como canal de pago de las sustancias comercializadas y los servicios íntimos que se le obligaba tener.

Además, en contra del argentino comenzaron a surgir denuncias de otras dos ex parejas, una de ellas que también fue abordada sexualmente siendo menor de edad, denuncias que hablaban de maltratos, lesiones, amenazas e incluso una agresión con arma blanca.

Otro antecedente que se sumó a la audiencia, para pedir la prisión preventiva en contra de los tres imputados, fue que los otros dos individuos, A.R.S. y S.A.M.L., habrían estado en conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Incluso, el primero de ellos habría ofrecido droga para poder estar con la menor; mientras que el segundo de ellos colaboraba con las labores de distribución de droga. Sin embargo, los antecedentes no fueron del peso suficiente en contra de ellos para justificar el encierro.

Cabe destacar que muchos de los pormenores dados a conocer durante la audiencia, resultan irreproducibles, y son materias de la investigación, por lo que se instruyó reserva de los nombres de los involucrados, a verse directamente afectada una menor.

Finalmente, pesó en contra del argentino el hecho que se constató que su residencia en Chile está en condición irregular, y que pesa en su contra una orden de captura internacional luego que en 2009 fuera condenado en la Provincia de Santa Fe por el delito de tráfico de estupefacientes. Asimismo, se le busca por una denuncia de lesiones graves y abuso sexual en contra de una menor de 13 años en territorio transandino, requerimiento internacional de Interpol emanado en marzo pasado.

En definitiva, el magistrado Cristian Armijo aceptó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ciudadano transandino, fijando un plazo de 120 días para la investigación. Los otros dos imputados quedaron con arresto domiciliario nocturno, uno de ellos, y el segundo con arraigo regional.