Inspección General de Justicia reclamó a la Asociacion de Bomberos clarificar los números de los “bonos solidarios”
El escandaloso contrato que el presidente de la asociación, Pascual Lombardo, reconoció en una entrevista la semana pasada, está firmado desde el 2009 con una empresa particular. Llevan 13 años de recaudación desconocida y la propia IGJ ya reclamó números detallados en la presentación de los balances.
Lombardo reconoció en una entrevista a Radio Fueguina, semanas atrás, esta situación que resulta cuestionable a partir de la utilización de la figura de una entidad de bien público por parte de una empresa privada.
Si bien esta situación era conocida hace años a partir de varias causas laborales por empleo en negro que tiene la firma JC Servicios, respecto de estos recaudadores de bonos que visitan a los vecinos; Lombardo pateó un hormiguero del cual no paran de aparecer detalles que generan cada vez mas dudas respecto del destino del aporte solidario de los vecinos.
Ahora salió a la luz el contrato que en 2009 firmó Lombardo con Julio César López, titular de esa empresa JC Servicios, por lo que en aquel año la empresa solo pagaba por año la suma de 150 mil pesos a la asociación respecto de lo recaudado.
En 13 años ese número evolución solamente a 250 mil pesos para los bomberos; según lo expresado por Lombardo en aquella entrevista. Los bonos que por aquel entonces comenzaban en un monto de 50 pesos, a la actualidad han evolucionado a que el bono mínimo arranca en los 700.
La desproporcionalidad entre estos 13 años respecto del valor de los bonos y lo que efectivamente va a bomberos, es evidente.
El contrato respecto a lo que la empresa aporta a bomberos solo dice “siendo los montos mensuales correspondientes reajustados anualmente acorde a las condiciones de costos de vida y en conformidad a las partes”.
Hay un índice de actualización de costos que se utiliza en demandas civiles y laborales que detalle que de abril del 2009 en que se firmó ese contrato, a la actualidad, el valor debiera haber evolucionado en más de un 3900%, así como pasó con la evolución inflacionaria de estos últimos 13 años.
Lombardo en las últimas horas solo salió a aclarar en una entrevista pautada a un medio televisivo sobre la procedencia del contrato, defendiendo su legalidad, pero poco y nada aportó en aclarar los números actuales del mismo.
Si hasta la propia Inspección General de Justicia, ante el último balance contable presentado por la Asociación (año 2019 a 2020); reclama información sobre “bonos vendidos, bonos emitidos y valores”.
Lombardo en la presentación de ese balance solo informó un ingreso anual aproximado de 400.911 pesos en concepto de “ingresos provenientes de campaña amigos adherentes incluidas como donaciones recibidas”; en un monto en el que ingresan otros dineros recaudados por acciones solidarias de vecinos, sin cumplir respecto de la claridad solicitada por IGJ.
En las próximas horas asimismo se sumarán más detalles escandalosos de esta relación comercial de esta asociación civil con empresas privadas, todo con un fuerte contexto de relaciones en los que Lombardo incluso involucró a su propia familia. Todo financiado en la solidaridad desinteresada de los vecinos de Río Grande.