NEUQUÉN: Acusan a una de las proveedoras VIP de la Policía en compras por $6 millones
Se trata de la estafa que se conoció en 2020, que consistía en que el encargado de Contrataciones de la Policía beneficiara directamente a dos compradores al no informar de las licitaciones a otros proveedores. (lmneuquen)
Una nueva acusada se sumó a la trama de los proovedores VIP, que destapó que un efectivo de Contrataciones de la Policía se ocupaba de beneficiar a sólo dos empresas de su elección en la puja de compra de bienes y servicios para la fuerza. Una de las beneficiadas fue acusada como partícipe primaria de la maniobra defraudatoria, y se espera que en los próximos días también se formalice la acusación contra el segundo adjudicatario.
La investigación fue dada a conocer en febrero de 2020, cuando salió a la luz que el entonces director de Administración de la Policía provincial, Manuel Gómez, radicó una denuncia previo a dejar su cargo, en la que daba cuenta de ciertas irregularidades detectadas en la adquisición de bienes e insumos para la institución. Es que muchas de estas habían generado un beneficio a dos empresas en particular, lo que había ocasionado quejas de otros proveedores del Estado.
La causa recayó en manos del fiscal de Delitos Económicos Marcelo Jara, que se puso a trabajar de inmediato en los procesos de adquisición registrados.
Su investigación terminó detectando 35 compras con irregularidades, efectuadas en el período de enero de 2018 a julio de 2019 y que no habían beneficiado a sólo dos proveedores por una cuestión de casualidad, sino que se evidenciaba una maniobra muy clara para que ningún otro oferente de la lista siquiera se enterara de las licitaciones.
Lo que descubrió la fiscalía, de la mano del análisis del Departamento de Informática de la Policía, fue que hubo una alteración manual de los correos electrónicos de algunos proveedores, que consistían en modificar letras, puntos, guiones bajos o la extensión de la dirección de correo de los proveedores que se buscaba excluir del proceso.
De esta forma, el pedido de cotización para realizar una compra determinada salía supuestamente para todos los proveedores, pero sólo llegaba a manos de quien se pretendía beneficiar.
Es por esta trama que la acusación apuntó contra el oficial principal Ángel Madaschi, quien en ese entonces se desempeñaba en la División Contrataciones de la Dirección de Administración de la Policía Provincial, y lo acusó en noviembre pasado como autor del delito de defraudación doblemente agravada, por ser en perjuicio de la administración pública y por tratarse de un funcionario público, reiterada en 35 hechos.
La estafa se estima que benefició a sólo dos proveedores por una suma de 6.073.827 pesos, por las compras de distintos bienes.
Desde entonces, la fiscalía avanza en busca de quiénes más pudieron participar de la maniobra, y en este marco, se llamó a una nueva audiencia que se realizó el viernes ante la jueza Ana Malvido. Durante ella, la asistente letrada de la fiscalía, Elisa Carossio, acusó a Sonia Marcela Vázquez, una de las proveedoras que era beneficiada exclusivamente con la maniobra.
“Madaschi procedió a generar una serie de maniobras que permitieron, por una parte beneficiar directamente a la imputada Vázquez, nombrándola adjudicataria y, de este modo irregular, ocasionar un daño a la administración pública provincial al no tener esta la posibilidad de tener una lógica puja de oferentes y generando un evidente beneficio a los únicos oferentes de esta maniobra”, detalló Carossio.
En este sentido, indicó que la mujer “defraudó los intereses de la administración pública provincial en connivencia con Madaschi” y por ello la acusó por defraudación agravada en carácter de partícipe primaria, en 27 hechos en concurso real.
Para respaldar su acusación, presentó evidencia documental entre la que figuran informes de pesquisas, las denuncias que iniciaron la investigación, entrevistas videofilmadas, entre otras piezas de prueba. Además, informó que el segundo proveedor beneficiado, un hombre de apellido Pizarro, será acusado en una nueva audiencia a agendar.
El defensor de la acusada, Mauricio Macagno, se opuso sólo al concurso real de los hechos y propuso que la calificación sea considerada como delito continuado.
Tras escuchar a las partes, la magistrada Malvido avaló los cargos contra Vázquez tal cual lo endilgado por la fiscalía.