Confirmaron condenas para un imputado y la municipalidad de Ushuaia en el caso de trata de personas “Sheik”
Es el caso que fue promovido por la activista Alika Kinán, en el caso en el que ahora se confirmó que la ciudad de Ushuaia deberá resarcirla con 780 mil pesos como “víctima de trata”. El fallo de la Cámara de Casación Penal comprende además la confirmación de la condena de 7 años para el proxeneta Eduardo Montoya, y un nuevo juicio para sus dos co imputadas.
La Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal resolvió ratificar la condena del caso Sheik que en 2016 dio a conocer el Tribunal de Juicio federal de la ciudad de Ushuaia, aplicando la pena de 7 años de prisión para Eduardo Montoya por resultar autor penalmente responsable del delito de “trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas”.
Asimismo se ordenó la realización de un nuevo juicio respecto a las coimputadas Ivana Claudia García y Lucy Campos Alberca para que se determine su grado de participación en los hechos que se le atribuyen, dado que habían recibido penas de 3 años solamente como “partícipes” y no “co autoras” como reclama la querella.
Ambas ahora enfrentarán un nuevo proceso.
Municipalidad de Ushuaia condenada
La Cámara asimismo ratificó la condena que responsabilizó a la Municipalidad de Ushuaia por haber habilitado el comercio en el que se explotó sexualmente a la demandante Alika Kinán, por la afectación y riesgo de sus derechos.
Al momento del procedimiento en el año 2012 en la ciudad de Ushuaia se encontraba en vigencia la Ordenanza nº 1183 del año 1993. La norma local regulaba la actividad de las “alternadoras” disponiendo que debían contar con libreta sanitaria.
Concretamente, se tuvo por probado que los controles médicos conducentes a recibir el visado necesario para el otorgamiento y renovación de las libretas sanitarias se centraban en exámenes ginecológicos y de sangre conducentes a determinar si la “alternadora” sufría alguna infección de transmisión sexual.
Durante el juicio, Alica Kinan Sánchez y la testigo FAR refirieron que los funcionarios municipales acudían frecuentemente al prostíbulo y solicitaban la exhibición de la libreta sanitaria y que la revisión de los agentes municipales no se realizaba en el salón destinado al público en general, sino en una parte reservada y que estos inspectores solían mantener un trato humillante con las víctimas.
En ese sentido se ratificó el resarcimiento de 780 mil pesos para Kinán, lo cual surgirá del decomiso ordenado en la causa de la totalidad de los bienes que comprendían este prostíbulo.