Agencia de remises intimó al fiscal federal rectificar acusación sobre estar involucrados en “trata de personas” con un privado allanado
La pasada semana se produjo una serie de allanamientos ordenados desde la Justicia Federal en relación al funcionamiento de un privado en la calle Cabo Benítez al 800 del barrio AGP, con la detención de tres personas que explotaban sexualmente a cinco mujeres. Una remisería local fue vinculada como apoyo logístico a esta actividad por parte del fiscal federal Marcelo Rapoport, ante lo cual desde APRAR lo intimaron a aclarar esta cuestión.
Entre los allanamientos del pasado 20 de agosto se realizó uno en la agencia de remises de la APRAR, Asociación de Permisionarios de Remis Auto Rio, en el cual se aclaró que la agencia no guardaba relación con la maniobra ilícita, más allá de ser contratada para sucesivos viajes de las mujeres.
Ante ello el allanamiento se limitó a los registrados de viajes de parte de la agencia, pero luego el fiscal Marcelo Rapoport señaló en distintos medios que “APRAR era la remisería con la que trabaja este privado”.
En tal sentido desde esta agencia enviaron una carta documento al funcionario judicial a fin de que “ratifique o rectifique sus dichos”, señalando el responsable de la misma, “pretende involucrar a la agencia” por lo que “lo intimamos a que en forma inmediata informe los nombres del personal involucrado para adoptar con urgencia las medidas correspondientes”.
Asimismo reservan ir en denuncia ante el Procurador General de la Nación como así también “reclamar judicialmente al Estado Nacional por los daños y perjuicios causados a esta agencia que cuenta con 30 años de trayectoria y que genera trabajo a más de 70 familias en esta ciudad”.
El abogado de la agencia, el Dr. Maximiliano Palladino, agregó al respecto, “la agencia era contratada para efectuar distintos viajes, desconociéndose la naturaleza de los mismos, cuestión sobre la cual no es función de la agencia consultar el motivo del viaje de cada uno de los pasajeros”, señaló.
En ese sentido los responsables de la agencia APRAR aseguran haberse visto afectados en su trabajo y con “un perjuicio económico directo” por la trascendencia de las declaraciones del fiscal en relación a su presunta vinculación a la “trata de personas”.