PUNTA ARENAS: Nueva denuncia anónima evita venta de droga sintética

 
 
Durante la semana ya una llamada anónima a la PDI había logrado evitar la comercialización de marihuana a jóvenes por parte de un imputado que fue formalizado. Esta vez, otra llamada a personal de Carabineros alertó sobre la venta ilegal de otro tipo de droga.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el mayor Renzo Miccono, subprefecto administrativo, oficial de servicio de Carabineros, la detención se logró la noche del sábado tras una denuncia anónima. “Alrededor de las 20.30 horas se recibió un comunicado anónimo por parte de la comunidad al nivel 135, fono drogas, informando que en horas de la noche se iba a efectuar una transacción en cierto lugar. A raíz de eso, el personal de OS-7 efectuó una vigilancia especial con las características que se dieron y alrededor de las 23.30 horas aparecen personas con estas características. Al momento que una de ellas introduce su mano en la mochila se le realiza un control de identidad y se logra establecer que mantenía droga (LSD) en su poder y armamento”.
El oficial policial agregó que el arma que portaba la imputada tenía una denuncia. “Efectivamente en el mes de febrero del año pasado se presentó una denuncia por el extravío de este armamento en la ciudad de Quillota. La detenida es de Punta Arenas, pero la investigación determinará la situación del ingreso del arma de fuego a la zona”.
Se indicó que por estampilla en Punta Arenas se cobra 10 mil pesos, por lo que al comercializar la droga incautada habría alcanzado una ganancia de alrededor de 270 mil pesos.
Control de detención
Tras la detención de la imputada, la mañana de ayer fue trasladada al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde se realizó el control de detención. En la audiencia el abogado defensor José Miguel Navarrete solicitó que se declare ilegal la detención, argumentando que tras la denuncia anónima el personal policial no mantendría un registro de la llamada, procediendo sin informar al Ministerio Público y de manera autónoma a dirigirse al lugar para tomar una declaración informal, lo que para el defensor infringió la ley. A pesar de esto, la fiscal Rina Blanco se opuso a la ilegalidad de la detención, señalando que entre las primeras diligencias se comunicaron con el fiscal de drogas. Ante esto, el juez Pablo Miño, no accedió a la petición de la defensa, señalando que la detención se produjo cuando la imputada mantenía las especies materia de la investigación.
Formalización
En la audiencia, la fiscal Rina Blanco le comunicó a la imputada Leonila Saldivia Vargas que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que ocurrieron  luego que alrededor de las 20 horas del sábado 28 de enero, personal de OS-7 recibió un llamado anónimo de un hombre que detalló que se realizaría una transacción de droga en la intersección de las calles Márquez de la Plata con Avenida Allende, entregando datos como que la vendedora es una mujer joven de contextura delgada y cuya compradora sería una mujer de contextura gruesa.
En esas circunstancias, el personal policial llegó a dicha intersección y a las 23.30 horas la imputada, tras un breve diálogo con otra mujer, le iba a realizar la entrega de una especie, por lo que el personal de Carabineros procedió a fiscalizar a la mujer realizando un control de identidad, encontrando que mantenía un envoltorio en su mano con 27 estampillas, las cuales al ser sometidas a prueba de campo arrojaron que se trataba de LSD. 
Se indicó que en el lugar de la detención se le consultó a la imputada si mantenía más droga, entregando voluntariamente otro envoltorio que mantenía en su interior la cantidad de un gramo 800 milígramos de clorhidrato de cocaína. Además, también de manera voluntaria, entregó un arma de fuego marca Colt calibre 45 con su respectivo cargador y sin munición, la que mantenía en su mochila. El arma se encuentra inscrita a nombre de otra persona y la imputada no se encuentra autorizada para el porte.
Con estos antecedentes, la fiscal formalizó a la imputada por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y por infracción a la Ley de Armas. Ante esto solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, por representar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. El juez Pablo Miño accedió a la medida privativa de libertad por el plazo de 80 días que se fijó como plazo para el cierre de la investigación, tal como lo señaló la fiscal Rina Blanco: “Una persona se formalizó por dos delitos de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego. Se decretó la investigación en 80 días porque hay que pedir diligencias científicas”.