Viernes, 31 Mayo 2019 08:51 >

El caso de “trata de personas” que fue descubierto por tres víctimas que llegaron desorientadas a la frontera de San Sebastián

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Ayer fueron procesados y embargados los responsables del manejo de un privado que fue allanado a principios de este mes, donde cuatro mujeres eran explotadas sexualmente. Este caso judicial tuvo un inicio increíble con tres mujeres que escapaban de esta red de explotación por la frontera de San Sebastián y fueron traídas nuevamente a Río Grande donde vivieron varias semanas custodiadas por Gendarmería. 

Ayer fueron procesados una pareja y una mujer que colaborara regenteando el local, siendo considerado el máximo responsable del manejo del privado conocido como “Bety Boop” Aldo Martín González, quien permanece detenido.

 

El caso se inició de un modo curioso, el 6 de noviembre de 2018, cuando tres mujeres llegaron desorientadas al paso fronterizo San Sebastián, sin tener conocimiento siquiera del punto geográfico en que se encontraban.

 

Las mujeres fueron contenidas por personal de Gendarmería, al cual finalmente señalaron que escapaban de una red de prostitución que las había explotado sexualmente en el privado que funcionaba en calle Colón 520, bajo condiciones por las que buscaban escapar del lugar.

 

Ante la falta de documentación en regla, y ante la necesidad de que aportaran datos para el inicio de un trámite judicial, las mujeres fueron retornadas a Río Grande, donde residieron por varias semanas en una vivienda de calle José Hernández, bajo permanente custodia de la Gendarmería Nacional.

 

Las mujeres en todo tiempo manifestaban el temor ante represalias por parte de los responsables de este privado, ante lo cual se reforzó su seguridad. 

 

La información brindada, y tareas de inteligencia posteriores, permitieron que finalmente el allanamiento del 11 de mayo pasado terminara con el funcionamiento de este lugar, del cual asimismo fueron rescatadas otras cuatro mujeres.

 

Las víctimas señalaron que llegaron desde el norte del país en busca de una oportunidad económica y que al no encontrar otra posibilidad, ingresaron al mundo de la prostitución, debiendo compartir el dinero que obtenían por 200 pesos “la copa” y los “pases” en 700 pesos los 15 minutos, 900 la media hora y 1000 a 1500 pesos la hora.

 

Una de ellas incluso manifestó que evitaba realizar “pases” por la incomodidad que esto le generaba, entendiendo la jueza que esta situación de vulnerabilidad social era aprovechada por los imputados para la obtención de beneficios económicos.

 

El inmueble donde funcionaba este antro fue clausurado judicialmente y se impusieron embargos preventivos de medio millón de pesos sobre cada uno de los imputados, en la resolución de la jueza federal Mariel Borruto.

 

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